Proceso soberanista, la apuesta libre catalana

La definición y el peso político y social del proceso se incrementó notablemente con la manifestación soberanista de 2010 que fue una respuesta de los grupos catalanes pro independencia a una sentencia del Tribunal Constitucional español previa en la que se recortaron y enmendaron algunos artículos considerados fundamentales por el movimiento secesionista. Un articulado del Estatuto catalán que había aprobado en 2006 el electorado de Cataluña.

Con posterioridad, el proceso soberanista recibió adhesiones multitudinarias, especialmente las de tres grandes movilizaciones en favor de la independencia, las de los años 2012, 2013 y 2014. Todas, coincidentes con la celebración de la Diada de Cataluña. Acontecimientos, que no sólo han dominado el debate social en España, sino que han acabado por modificar sustancialmente la representación política en Cataluña.

El proceso iniciado por los partidos y entidades sociales en favor de la independencia debía haber concluido con la celebración de un referéndum en la comunidad. Sin embargo, ante la negativa a su celebración por parte del Parlamento español, el referéndum fue sustituido por una consulta. La consulta también fue impugnada por el Gobierno español, que obligó al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a convertirla en un proceso participativo en el que se planteó una pregunta clave, la de si se estaba a favor o no del proceso de autodeterminación.

El pacto fiscal, el detonante 

En julio de 2012, el Parlamento de Cataluña aprobó un pacto fiscal con el apoyo de la gran mayoría de sus miembros. Con el documento bajo el brazo, el presidente Artur Mas, se reunió con Mariano Rajoy que le comunicó que el pacto no era negociable. Entre 2012 y 2013, y como consecuencia de estos hechos, casi 200 municipios catalanes se declararon Territorio Catalán Libre, al margen de las leyes españolas y a la espera de que Gobierno y Parlamento de Cataluña aprobaran unas nuevas leyes catalanas.

Como medida de presión, en septiembre de 2012, en los actos de la Diada de Cataluña, se celebró en Barcelona una multitudinaria manifestación bajo el lema ‘Cataluña, nuevo estado de Europa’. La manifestación es considerada, con la perspectiva que da el tiempo, como un punto de inflexión en el proceso soberanista y catalizadora de la serie de acontecimientos políticos y sociales posteriores.

Tras esta manifestación, también en septiembre de 2012, el Parlamento de Cataluña instaba al Gobierno de la Comunidad a convocar un referéndum para la autodeterminación después de celebrarse las elecciones al Parlamento de Cataluña de ese año.

Los resultados de los comicios sin embargo fueron desfavorables para Convergencia y Unión, la principal convocante de la acción política, que experimentó una fuerte caída de votos. En cambio, Esquerra Republicana de Cataluña se convirtió en la segunda fuerza en el parlamento regional. No fue hasta diciembre de 2012, dos meses después de los comicios, cuando los líderes de CIU y ERC consiguieron alcanzar un acuerdo de gobierno. Artur Mas fue, en cualquier caso, investido como presidente de la Generalitat de Cataluña y en su segundo mandato

En otra vuelta de tuerca, en enero de 2013, el Parlamento de Cataluña aprobaba una declaración de soberanía sobre la base de un derecho a decidir del pueblo catalán. Una declaración que se basó, según su letra programática, en los principios de soberanía, de legitimidad democrática, de transparencia, de diálogo, de cohesión social, europeismo, de legalidad, con el papel fundamental del Parlamento de Cataluña y teniendo como base la participación popular.

La Declaración de Soberanía instaba al diálogo con el estado español, con las instituciones europeas y con el conjunto de la comunidad internacional para alcanzar un consenso en favor de la independencia catalana. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, respondió a una carta del presidente Mas argumentando que todo diálogo se debía supeditar al marco jurídico vigente en España.

En abril de 2013, el consejo consultivo de la Generalitat de Cataluña, creado para orientar sobre el proceso soberanista, propuso 18 informes para abordar cada uno de los aspectos concurrentes en la legalidad de la causa independentista. Uno de ellos, se refería al planteamiento de una pregunta sobre la cuestión de la independencia, si se estaba a favor o en contra de avanzar en el proceso hacia una soberanía nacional catalana.

Ante la negativa del Gobierno español de unas elecciones, el presidente Artur Mas propuso un formato alternativo, un plebiscito que habría de celebrarse antes de 2016, último año de la legislatura. En septiembre de 2013, se organizó una cadena humana, la llamada ‘Vía Catalana’ formada por grupos de personas entrelazadas a lo largo de 400 kilómetros y desde la frontera francesa al sur de la Comunidad.

El Parlamento de Cataluña votó en enero de 2014 una petición al Legislativo español para que se facilitara la convocatoria del referéndum de autodeterminación y se capacitara al Legislativo catalán con las competencias para ello. El Parlamento español votó la proposición de ley orgánica al efecto que defendieron tres diputados catalanes. La propuesta fue rechazada por 299 votos en contra y sólo 47 a favor. El presidente Mas anunció a continuación que el referéndum se celebraría en cualquier caso de acuerdo con la nueva ley de consultas catalana incluida en el artículo 122 del Estatut de 2006.

En esta línea de acontecimientos, el 29 de septiembre de 2014, el Gobierno de España aprobó en un consejo de ministros extraordinario una propuesta de inconstitucionalidad sobre el articulado de la ley de consultas catalana. El Tribunal Constitucional se reunió ese mismo día y admitió a trámite los recursos presentados por el Gobierno, suspendiéndose los decretos de forma cautelar y por espacio de cinco meses.

El Ejecutivo catalán decidió sustituir entonces la consulta por un proceso popular que fue suspendida el 4 de noviembre siguiente por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno español, pero el catalán mantuvo la convocatoria. Una consulta a celebrar el 27 de septiembre de 2015, que para los impulsores del proceso soberanista representa el final de un recorrido político y de una etapa, del vínculo con el Estado español y que para el Ejecutivo español y para la mayoría del parlamento de Madrid es sólo otra ilegalidad.