Sin duda alguna, la que tradicionalmente ha ostentado el bien merecido reconocimiento de motor económico del país, entre otras cosas por atesorar el 20 % del Producto Interior Bruto nacional, se halla sumida en una encrucijada de muy difícil pronóstico, dada la fuerte radicalización de las posturas de los clásicos nacionalistas moderados, que durante tres décadas han vivido cómodamente integrados en el engranaje de la política española (bajo los auspicios del “apóyame en Madrid y haz a tu antojo en Cataluña”).
Si se dice que la política es el arte de lo posible, a la vista de los acontecimientos quizá no sea improcedente decir que también lo es de lo imposible. Porque este devenir ideológico de la ya superada CiU ha conseguido unir dos cabos que creíamos refractarios: por un lado, el de la derecha burguesa y conservadora, y por otro, el de un grupo anticapitalista y libertario, la CUP, cuya aportación a la aritmética parlamentaria con la entrega como cheque en blanco de dos de sus diputados a los mecanismso decisorios de Junts pel Sí ha supuesto, in extremis, la reanudación de una hoja de ruta secesionista que definitivamente parecía haber quedado postergada.
Tal como se prevé en el régimen estatutario catalán para la configuración de las instituciones y organismos tras elecciones autonómicas, el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia y alcalde de Girona Carles Puigdemont ha sido investido President de la Generalitat en primera votación por mayoría absoluta. Para ello, ha sido imprescindible que Artur Mas cediera su cabeza en bandeja de plata a los radicales de la CUP a cambio de la continuidad del proceso independentista, de manera que este se ha cobrado una víctima de excepción. Aunque aquellos no quedan exentos de penitencia para purgar por sus “pecados” negociadores, algo de lo que Mas se ha cuidado enormemente de dejar claro. Dicha penitencia queda traducida en cambios obligados en su grupo parlamentario, evidentemente fuera de su agrado.
Sobre los hombros de Puigdemont recae la delicada tarea de gestionar todas las sensibilidades unidas en torno a un único referente: la independencia de Cataluña. Pero es evidente que el factor de mayor peso que ha inclinado la balanza en favor de su persona lo constituyen sus implacables convicciones separatistas, pues en modo alguno hubiera sido del agrado de la CUP un candidato aquejado de tibieza o pusilanimidad ante el “procés”. No en vano, en el acervo de Carles Puigdemont constan manifestaciones de hondo calado secesionista como haber declarado persona non grata a la Delegada del Gobierno en Cataluña o prometer a sus huestes que los invasores de Cataluña serían expulsados con toda seguridad.
Con este escenario, queda esperar cuál va a ser la reacción del Gobierno de España en funciones y de los partidos nacionales con fuerte presencia parlamentaria, todos ellos absortos en sus tensiones aliancistas con vistas a la confección del nuevo Gobierno.